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Publicado el 22 de marzo, 2022 en Consultoria

El MWC 2022 y la innovación pública

Por Francesc Quintana
5 minutos de lectura

Las herramientas para predecir situaciones de vulnerabilidad, estimular la educación emocional de los más jóvenes o mejorar el cuidado de las personas mayores son algunas de las más destacadas.

Dicen que el Mobile World Congress 2022 ha sido el de la vuelta a la normalidad. Durante cuatro días, se ha contado con más de 60.000 asistentes, 1.500 expositores y alrededor de 600 startups en el 4YFN – 4 Years from Now, donde el metaverso ha sido el protagonista. Algunos cifran un impacto económico mayor del previsto, inicialmente estimado en 240M de €, al mismo tiempo que se ha confirmado la capacidad de Barcelona para acoger congresos mundiales de sectores estratégicos.

Pero con lo que muy pocos contaban era con la presencia de la iniciativa pública, no tanto por su ya conocido rol de facilitadora e incubadora de ideas, sino por una nueva faceta caracterizada por la conceptualización e implantación de herramientas tecnológicas en intervenciones públicas o sociales, respondiendo así a la necesidad de adaptarse a un mundo digitalizado, que cambia a una velocidad imperceptible, y acompasando la acción pública a las necesidades actuales de la sociedad.

Algunos ejemplos de innovación tecnológica en el sector público

El jueves día 3 de marzo de 2022, el Ayuntamiento de Rubí presentaba en el estand de la Fundación Mobile World Capital Barcelona la aplicación móvil Al teu costat, solución que ofrece un espacio relacional y de consulta a personas con diversidad funcional, a sus familias y a las entidades y servicios sociales que trabajan con ellos, además de informar de las actividades que se organizan en este ámbito.

En paralelo, también se expusieron los beneficios del BCN Inclusive Coding, proyecto social que promueve la formación digital de personas en situación de vulnerabilidad, con el principal objetivo de facilitar su inserción laboral. La intención de este programa es incorporar 10.000 profesionales digitales en los próximos diez años, reduciendo así la brecha digital. Todo un reto.

En el mismo escenario, el Ayuntamiento de Barcelona y la Fundación Mobile presentaron el robot social ARI (Asistente Robótico Inteligente) para el cuidado y la atención de personas mayores. Su propósito es ayudar a recordar hábitos tan cotidianos como son la pauta de la medicación o la fecha de una visita médica, entre otras funciones, desplazándose también por la casa e interactuando con el usuario mediante conversaciones básicas.

Ana María Martínez Martínez, alcaldesa de Rubí, presenta el proyecto Al teu costat en el MWC 2022. (Fuente: Ajuntament de Rubí)

Asimismo, la Fundación Educativa Terrassa mostró como los videojuegos pueden tener una función social con Mindfulplay, un programa educativo que utiliza la realidad virtual para mejorar la educación emocional y la plena atención entre la población joven, junto al desarrollo de habilidades sociales y vínculos emocionales. En él, aparecen escenarios virtuales, individuales o compartidos, en los que disfrutar de actividades de mindfulness, viajes por el espacio, naturaleza o arte.

Finalmente, cabe destacar la herramienta predictiva para identificar situaciones de vulnerabilidad por causa de la brecha digital, desarrollada por Momentum Analytics y la Asociación Bienestar y Desarrollo (ABD). Este instrumento permite definir con mayor especificidad el perfil poblacional de las personas afectadas por la brecha digital y que no tienen acceso a las tecnologías básicas, a la vez que se acotan los segmentos de la población más afectados a través de la información registrada y el aprendizaje automático de los datos.

El nuevo (y deseado) rol implementador

Estos ejemplos son evidencias del rol que quieren (y querrán) asumir las administraciones públicas y otras entidades en relación a la tecnología y los procesos de innovación, superando así el papel de meros espectadores y posicionándose como implementadores y agentes del cambio.

En esta tesitura, las administraciones locales tienen un protagonismo destacado, apuntan los expertos, debido a que disponen de un escenario más favorable para incorporar dichas tecnologías en todo el proceso de una política pública: análisis, diseño, implementación, comunicación y evaluación.

La ventaja de las administraciones locales responde a su menor envergadura y alcance, con una forma institucional menos compleja -a diferencia, por ejemplo, de las comunidades autónomas o la administración del estado- y una población más pequeña, por lo que su impacto se presupone más fácil de medir. Paralelamente, todo ello, conlleva un gran desafío y la integración de estas herramientas tecnológicas, dicen, debe ser ordenada, transparente y responsable, incluso más aún (si cabe) que en el sector privado. En el intento de establecer una serie de elementos clave para ello, algunos expertos hablan sobre:

  • Definir un marco ético que asegure unas buenas prácticas por parte del sector, como es la transparencia de los procesos (datos abiertos), la privacidad de los usuarios o el uso adecuado de los datos generados, principalmente.
  • Hacer a la ciudadanía partícipe e incorporar su visión en la confección de la herramienta de base tecnológica, mediante la cocreación y la participación ciudadana, y ajustarla así a las necesidades reales de la sociedad.
  • Experimentar la efectividad de las herramientas mediante pruebas piloto de implantación, que incluso pueden (o deben) utilizar espacios urbanos y, con ello, detectar sus carencias y revertirlas antes de su puesta en escena definitiva.

Concluyendo, el sector público dispone de un amigo y aliado que a priori lo impulsará hacía unas dinámicas más ágiles y eficaces, reforzará nuevos modelos y dinámicas de innovación pública -como por ejemplo, el Modelo HIP (Hexágono de Innovacción Pública)– y, en última instancia, permitirá activar respuestas públicas más personalizadas y de mayor impacto. Asimismo, todo ello supone un gran desafío, especialmente el saber gestionar tales tecnologías y sus aplicaciones, conocer y marcar los límites (éticos) y no perder de vista lo que es y debería ser el centro de toda intervención pública: la persona.

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